Cualquiera puede dedicarse a predicar -incluso en el desierto- el ecologismo durante mucho tiempo pero, llegando a la hora de dar trigo, la cruda realidad termina imponiéndose y nos obliga a hincar la rodilla en la tierra. Quisiera recordar, aquí y ahora, que desde las páginas de este mismo diario habíamos tratado de comunicar a la opinión pública, desde tiempo ha, del peligro que suponía estimular el desarrollo de las energías renovables –la eólica y la fotovoltaica– apoyándose en las subvenciones estatales porque todo estado, incluido el Estado español, termina por agotar sus recursos económicos al gastar en unos sistemas de generación que, al día de hoy, no son rentables. Ciñéndonos al marco energético canario nos aventuramos a afirmar que de poco vale llenar las Islas de aerogeneradores y placas fotovoltaicas sin haber determinado, con el debido rigor, dónde se encuentra el límite de la potencia instalada en renovables y a cuánto nos va a costar el kWh de energía con el sello de lo verde.

Las empresas de todo tipo –incluidas las multinacionales– que han participado en el pastel de rica miel de las subvenciones y que, en consecuencia, mantenían un prudente silencio para seguir mamando de la misma teta –desde la legitimidad, por supuesto– se han visto obligadas, ante el panorama económico que ven, a echar mano de su secular pragmatismo a la hora de denunciar que ya no valen los paños calientes para resolver la problemática energética de este país. En España, que vive siendo presa de un déficit tarifario, en el ámbito energético, que no es capaz de enjugar, nos habíamos planteado, a vuela pluma por cierto, que la manera de evitar un aumento de la deuda tendría que pasar por un aumento del precio del kWh de cara a los consumidores. Sin embargo, ahora, de forma sorpresiva, Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, se ha liado la manta a la cabeza, ha cogido al toro por los cuernos y, sin ponernos ningún tipo de anestesia, ha optado por comunicarnos que los consumidores españoles tendremos que acostumbrarnos a “pagar más y consumir menos” energía. Así pues, sólo rascándonos el bolsillo y asumiendo las incomodidades propias que son inherentes a un consumo menor de energía, tendrán, según él, nuestros males remedio.

Ignacio Sánchez Galán puede ser considerado un interlocutor de la máxima validez en la medida que preside una empresa, Iberdrola, que piensa dedicar en 2010 una partida que oscilará entre 3.000 y 4.000 millones de euros en energías renovables. Y, por si fuera poco, el propio presidente de Iberdrola se apunta a la hipótesis de que resultaría imposible mantener el precio del kWh de las energías convencionales si se obliga a montar equipos adicionales destinados a conseguir una disminución del CO2 emitido a la atmósfera. En resumen que aquí, en Canarias, con una energía eólica que navega al garete y con unas centrales convencionales a las que se le niega el gas como combustible necesario para los ciclos combinados, el precio futuro de la energía eléctrica nos puede hundir aún más en la miseria.

Y con los bancos hemos topado. Los bancos serán, en última instancia, los que le pondrán la luz roja a los créditos solicitados por las eléctricas porque saben que la rentabilidad de las inversiones no alcanzará la cantidad mínima exigida. Ahora no se trata de una cuestión política siempre dada a interpretaciones varias y a pocas realidades. Ahora serán los bancos, con su característica voracidad, los que no nos darán un euro de crédito para montar molinos, los que le dirán sí a un tipo de energía –la que resulte rentable– y no a la energía que por ser verde saldrá más cara. Apriétense los cinturones… que vamos a despegar.

Fuente: laopinion.es