La Asociación Eólica de Galicia (EGA) ha encargado un informe a una consultora externa en el que concretar las cuestiones inconstitucionales que plantea la Ley eólica aprobada por la mayoría absoluta del PP en el Parlamento de Galicia –y con los votos en contra de PSG y BNG–.

Según su secretario general, Íñigo Muniozguren, el informe es “suficientemente solvente” y una vez terminado se presentará a aquellas autoridades que pueden presentar un recurso de inconstitucionalidad a la Ley aprobada por la Cámara gallega, ya que ni la EGA ni las empresas afectadas a las que representa pueden hacerlo.

Según consta en el artículo 32.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, los únicos organismos que pueden interponer un recurso de inconstitucionalidad a una ley autonómica o estatal son el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 senadores y 50 diputados. La EGA intentará convencer a a cada uno de estos organismos y el plazo para recurrir son tres meses desde la publicación de la ley, aunque el Presidente del Gobierno puede dilatar ese proceso nueve meses.

Oleada de recursos

En la EGA prevén que, una vez entre vigor la nueva ley –esta misma semana–, y se notifique a las empresas que obtuvieron megavatios en el concurso eólico del bipartito hace un año la desestimación de sus concesiones, se inicie los recursos de cada compañía ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). “Por esta vía sí que pueden iniciar un recurso de inconstitucionalidad”, explica Muniozguren.

Fuentes jurídicas consultadas aseguraron que entre enero y marzo se concentrarán estos recursos, y estiman que lo harán “entre 15 y 20 de los 26 beneficiarios” del concuros eólico del bipartito.
La nueva ley también recoge en una de sus disposiciones transitorias que las indemnizaciones que se deriven del desestimiento se ceñirán “exclusivamente a los gastos justificados que hayan resultado imprescindibles en la instrumentación de la solicitud”. Tanto la patronal eólica gallega como fuentes jurídicas conocedoras del sector reconocen que es inconstitucional limitar la compensación por daños y perjuicios, ya que contraviene el artículo 106.2 de la Carta Magna.

Puntos débiles de la ley

La EGA destaca que el canon eólico creado por la nueva normativa autonómica supone una “doble imposición” para las empresas que ya pagan el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y que además contribuyen a Hacienda a través de sus beneficios. Además, la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) establece límites concretos al desarrollo regulador de nuevos impuestos por partes de las autonomías.

Aunque según la EGA el texto final aprobado en el Parlamento se ha hecho un “lifting”, sigue atentando contra el principio de igualdad del artículo 31.1 de la Constitución, ya que según la ley de la Xunta se protege el medio natural únicamente del daño que puede causar la implantación de aerogeneradores. Las mismas fuentes dicen que la Xunta no puede convocar concursos, sino autorizar las concesiones. “No es quien para promover que se instalen más o menos megavatios”, dicen desde la patronal eólica.

El portavoz socialista en la materia, Abel Losada, “adivina” un “largo recorrido de luchas judiciales”, dadas las alegaciones presentadas por la EGA. Su partido a nivel estatal puede interponer un recurso de inconstitucionalidad, pero de momento desconoce si eso sucederá. “Lo tendrán que estudiar los servicios jurídicos el Ministerio”, dijo.

Fuente: xornal.com